El impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España ha generado una oleada de críticas en diversos sectores de la población. A tan solo unas semanas de su aprobación, el debate se ha intensificado y los ciudadanos comienzan a manifestar su rechazo de forma pública.
Los primeros efectos de la medida ya se reflejan en los recibos que han empezado a llegar a los hogares. Este contexto ha impulsado movimientos ciudadanos contrarios a la Ley 7/2022. Aunque la norma busca fomentar la sostenibilidad, buena parte de la población la percibe como una decisión gravosa.
¿Cómo se organiza la nueva tasa de basuras en España?
Antes de analizar en qué consiste la recogida de firma que está en marcha, hay que tener presente que esta tasa no será aplicada de forma estándar. Cada ayuntamiento podrá determinar el método de cálculo y las condiciones particulares en función de su realidad local.
El valor catastral, el consumo de agua y el número de empadronados serán los factores clave para establecer el importe. Así, el coste será muy diferente entre una gran ciudad y un pequeño municipio. Algunos consideran que este modelo ofrece una solución más ajustada a las diferencias entre zonas urbanas y rurales.
En las ciudades donde ya está vigente, el importe medio anual asciende a unos 80€. Aunque se vincula con la mejora del medioambiente, muchas familias consideran que es una cantidad relevante que impacta negativamente en su presupuesto mensual.
¿A quién afecta la nueva tasa de basuras aplicada en España?
La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha señalado que la persona obligada al pago es quien ocupa el inmueble y se beneficia del servicio. Es decir, será el inquilino quien deberá asumir el importe, independientemente de si es o no el propietario.
Este criterio ha generado debate entre arrendadores y arrendatarios. Algunos piensan que es razonable que pague quien genera residuos, mientras que otros entienden que el tributo debería integrarse en las obligaciones del propietario. La falta de claridad ha suscitado confusión en muchos contratos de alquiler.
El lema de la campaña, “quien contamina, paga”, trata de concienciar sobre la necesidad de asumir responsabilidades individuales. A pesar de los esfuerzos por promover el respeto al medioambiente, el componente económico es el que está generando mayor movilización.
¿En qué consiste la recogida de firma contra la tasa de basuras?
Cuando la sociedad percibe una medida como injusta, la movilización no tarda en llegar. La recogida de firma es el medio por el cual los ciudadanos pueden expresar su desacuerdo, tratando de revertir una normativa que consideran perjudicial para su calidad de vida.
En Madrid, donde se prevé que los primeros recibos se emitan en julio de 2025, ya se ha lanzado una recogida de firma a través de Charge.org. La iniciativa tiene como objetivo destacar la desigualdad territorial y exigir una normativa más equitativa que tenga en cuenta la realidad de cada familia.
Actualmente, ciudades como Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga todavía no están sujetas a esta normativa. Aunque esa situación podría modificarse, de momento permanecen fuera. Esto demuestra que la implementación del nuevo impuesto no ha sido igual para todos y aún queda espacio para la revisión legislativa.