(dpa) – El independentista Carles Puigdemont tiene cada vez más dificultades para volver a ponerse al frente del Gobierno de Cataluña, ya que el Tribunal Constitucional prohibió el sábado su investidura si ésta se realiza a distancia.
El candidato, que se encuentra huido en Bélgica y no puede regresar a España sin ser detenido, pedirá autorización a la Justicia para poder estar presente «con garantías» en la sesión convocada el martes a las 15:00 horas (14:00 GMT) en el Parlamento catalán.
Para poder someterse a la votación de investidura, el Constitucional le exigió asistir a la sesión en persona y, para ello, contar con la autorización del juez español que lo investiga por delitos relacionados con su proceso independentista, origen de la crisis institucional más grave de las últimas décadas en España.
El diputado separatista catalán Josep Rull confirmó hoy en una entrevista radiofónica que esa autorización se solicitará al juez «en las próximas horas» a pesar de que su partido, Junts per Catalunya, considera la decisión del alto tribunal un «fraude de ley».
El parlamentario no aclaró si Puigdemont asistirá a la sesión de investidura en caso de no contar con dicha autorización, un escenario probable después de que el juez que investiga el proceso independentista catalán rechazara dar permiso a varios diputados que están en prisión para asistir a los plenos del «Parlament» regional.
Puigdemont permanece en Bélgica desde finales de octubre, cuando fue destituido por Madrid como jefe del Gobierno de Cataluña.
Tras las elecciones celebradas en diciembre en la región, en las que los partidos separatistas obtuvieron mayoría absoluta, se formalizó su candidatura a la investidura. El Gobierno español de Mariano Rajoy la impugnó este viernes ante el Constitucional.
Un día después, el alto tribunal acordó suspender el pleno convocado para el nombramiento de Puigdemont si éste se planea a distancia, es decir, de forma delegada o telemática.
Desde Junts per Catalunya arremetieron contra Madrid y acusaron al Gobierno de Rajoy de presionar a los poderes del Estado. «Al presidente de Cataluña lo elige el pueblo de Cataluña, no el Gobierno español o los tribunales», dijo hoy Rull.
Por otro lado, las dificultades para investir a Puigdemont jefe del Gobierno catalán abrieron ya hace semanas una brecha entre los partidos independentistas en la medida en que un nuevo candidato sin problemas con la Justicia podría facilitar la formación de Gobierno.
Desde el partido Esquerra Republicana (ERC), que gobernó en la pasada legislatura de forma conjunta con el partido de Puigdemont, hablaron de «sacrificar» políticamente al candidato si es necesario.
«Si es imprescindible tener Govern (Gobierno), si hay que sacrificar al presidente Puigdemont, tendremos que sacrificarlo», dijo el diputado Joan Tardá en una entrevista publicada hoy por el diario catalán «La Vanguardia».
Desde la Candidatura de Unidad Popular (CUP), partido secesionista que dio apoyo al Ejecutivo de Puigdemont, fueron más allá al llamar a la desobediencia al «Parlament» y pedir a su presidente que mantenga el pleno si el Constitucional lo suspende.
La formación antisistema advirtió de que no participará en una sesión de investidura «que se haya hecho a la medida de los deseos del Constitucional», es decir, en la que Puigdemont no sea el candidato.
La decisión del Constitucional abrió un escenario incierto de cara al martes y suscitó reacciones en otras fuerzas políticas.
Desde el Partido Socialista (PSOE), el más importante de la oposición en España, pidieron que Puigdemont regrese al país para «dar cuenta» ante el juez. «No se puede jugar a burlar la Justicia», dijo el secretario de Organización de la formación, José Luis Ábalos.
«Quien no asista al pleno de investidura para huir de su responsabilidad penal ante la Justicia no puede ser presidente, es de sentido común», expresó por otra parte en Twitter el líder del partido antiindependentista Ciudadanos, Albert Rivera.
Por Ana Lázaro Verde