(dpa) – El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y la Fiscalía General del Estado alertaron hoy a Carles Puigdemont de las consecuencias que tendría su regreso al país, pero el destituido presidente catalán y principal responsable del plan independentista en la región volvió a dejar abierta esa posibilidad.
«No ha descartado en ningún momento presentarse, consciente de los riesgos que asume, y someterse a la investidura presencialmente», reveló el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, a la televisión pública catalana. El letrado aseguró además que su cliente, que lleva casi tres meses en Bruselas, no está «fugado».
Los movimientos de Puigdemont vuelven a centrar toda la atención política en España en días cruciales para Cataluña. El ex «president» quiere volver a ser investido por el Parlamento regional este mes, pero sería detenido si regresa a España, donde es investigado por varios delitos vinculados a su desafío soberanista.
El candidato de la plataforma Junts per Catalunya (JxCat) especula por eso con una investidura «telemática» desde Bruselas, a donde huyó tras ser destituido a fines de octubre, pero las fuerzas de la oposición y el Gobierno de Rajoy avisaron que recurrirían esa vía, no prevista en el reglamento del Parlamento catalán.
«Es ilegal y va contra el sentido común y la lógica», consideró hoy Rajoy en un acto de su Partido Popular (PP). Aun así, añadió, si los independentistas lograran investir a la distancia e Puigdemont, el Gobierno en Madrid mantendría la intervención de la autonomía de Cataluña que inició el 27 de octubre para frenar el plan independentista.
«No es admisible que una persona que vive fuera de España pueda presidir la Generalitat, que sea investido sin acudir al Parlament y que se salte el control al que tiene que ser sometido en el Parlament. Es de puro sentido común», señaló Rajoy. «Una sola persona fuera de la realidad no puede condicionar el futuro de todos».
Mientras Puigdemont insiste en que puede gobernar a distancia gracias a «las nuevas tecnologías», sus abogados estudian alegar su inmunidad como diputado para impedir su detención si regresa a España, pero la Fiscalía General del Estado se apresuró hoy a descartar también ese argumento aclarando que inmunidad no equivale a impunidad.
«Es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad», señaló el órgano en un comunicado. Otros diputados independentistas fueron ya enviados a prisión preventiva por rebelión, sedición y malversación, delitos que se imputan también a Puigdemont.
El nuevo Parlamento catalán elegido en los comicios del 21 de diciembre y constituido el miércoles tiene hasta el 31 de enero para convocar la sesión de investidura, en la que la Cámara, donde los independentistas tienen mayoría absoluta, votará a un candidato para presidir el Gobierno.
El nuevo presidente del «Parlament», el independentista Roger Torrent de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), anunciará el lunes si propone a Puigdemont como candidato, tal como acordaron su partido y JxCat.
Ese mismo día, Puigdemont tiene previsto abandonar por primera vez Bélgica para asistir a una conferencia en Copenhague, aunque su abogado también puso en duda que asuma ese riesgo.
«Tengo elementos sólidos para creer que Dinamarca no concedería una extradición, pero estamos valorando los ‘tempos’, porque mientras se tramita una orden de detención podría coincidir con la investidura y Puigdemont no podría decidir libremente si quiere volver o no», indicó Cuevillas.