Puerto Rico seis meses después de «María»

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San Juan, 16 mar (dpa) – Seis meses después de que el huracán «María» trajera muerte y devastación a Puerto Rico, entre la población reina un total desconcierto sobre el futuro de la isla, donde miles de habitantes continúan sin techo ni luz eléctrica.

«La gente está sufriendo mucho con todo esto porque la incertidumbre nos está matando. Los que estaban enfermos han empeorado, los cuidadores están agotados y los que estábamos bien ya nos estamos enfermando», manifestaron los vecinos de Morovis Sur, un municipio ubicado a unos 35 kilómetros de la capital, San Juan, durante una reciente protesta por la falta de electricidad.

«María», un potente huracán de categoría 4, azotó Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, dejando sin luz eléctrica ni agua potable prácticamente a los 3,5 millones de habitantes de la isla, un estado libre asociado con Estados Unidos. También escasearon los alimentos y muchas familias sufrieron la pérdida o daños sustanciales en sus viviendas.

Pocos días antes, el 6 de septiembre, había rozado la isla el huracán «Irma» que, si bien causó daños menores, ya dejó sin luz varios sectores del país.

Cuando han pasado seis meses de la tragedia, quedan sin electricidad alrededor de un ocho por ciento de los 1,5 millones de clientes de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), es decir unos 120.000 abonados, según los datos oficiales de esta agencia. Los problemas se concentran mayormente en sectores montañosos y apartados, donde los daños fueron mayores y resulta más difícil la restauración del servicio.

Tal es la dificultad, que el director interino de la AEE, Justo González, anunció un programa para proveer de placas solares y baterías a algunos de estos sectores donde no se prevé un pronto retorno del servicio. En este contexto, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, propuso y radicó ya la legislación para privatizar la AEE.

Mientras, continúan las protestas en aquellas zonas que siguen a oscuras. En Toa Baja, un municipio al oeste de San Juan, Jannette Santiago denunció en una de esas manifestaciones que perdió a su abuelo el pasado 9 de enero después de que fuera trasladado a un centro de cuidado prolongado debido a la carencia de energía en el hogar.

Por una similar situación pasó Magaly Báez, quien relató que perdió a su madre por un infarto dos meses después del huracán. «Estaba bien de salud», aseguró.

La cifra de víctimas fatales por el huracán, entretanto, sigue siendo una incógnita. El gobierno de Puerto Rico solo ha reconocido 64 muertes, pero medios locales y estadounidenses cuestionan esa cifra y aseguran que el total es mucho mayor y podría llegar a los mil.

Al mismo tiempo, sigue el éxodo de aquellos que prefirieron abandonar la isla ante tantas dificultades. Entre septiembre y noviembre de 2017 abandonaron Puerto Rico alrededor de 170.000 habitantes, según los números del Negociado de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos. Al estado de Florida han llegado unos 300.000 boricuas, según el gobernador, Rick Scott.

Mientras, en la isla se debate el manejo de los miles de millones de dólares que se asegura llegarán en los próximos meses y años para atender los daños causados por ambos huracanes. Así, miles de personas siguen viviendo en carpas con las que la Agencia de Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) cubrió las decenas de miles de viviendas que sufrieron daños.

El debate sobre los fondos millonarios que se esperan para la Isla se centra en el reclamo de que se utilicen para construir una infraestructura más resistente a este tipo de fenómenos y que sostenga a su vez el proceso de desarrollo económico que debe emprender el país, que desde hace años arrastra una grave crisis fiscal y una deuda pública de unos 70.000 millones de dólares.

Por lo pronto, el Congreso de Estados Unidos aprobó cerca de 16.000 millones de dólares en ayudas y varias agencias federales aprobaron y asignaron otros 3.000 millones más.

El resto, dependiendo de quién haga el cálculo, vendrá de fondos y ayudas que aún está procesando FEMA y que suman varios miles de millones más. A ello se suman los pagos que se supone harán las aseguradoras privadas, una cifra que se estima entre los 15.000 y los 20.000 millones de dólares.

El propio gobernador afirma que esta es una oportunidad que no se repetirá en varias generaciones y por ello pide el apoyo del sector privado para modernizar la infraestructura, construir nuevas viviendas y fortalecer la economía. Para ello se creó una Oficina Central para la Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (OCRR) que será la responsable de coordinar el uso de los fondos que lleguen al sector público.

Esta semana se anunció además que los nuevos planes de emergencia que establecerá el gobierno para atender huracanes y terremotos en la isla recomendarán a los ciudadanos prepararse para sobrevivir al menos 10 días sin asistencia gubernamental ni servicios esenciales.

Y mientras que nadie se atreve a pronosticar qué será del país en el mediano y largo plazo, hay algo en lo que todos parecen coincidir: Puerto Rico será distinto a lo que era antes del desastre. Se habla, incluso, de una «nueva normalidad».

Por Antonio Gómez (dpa)