(dpa) – “Vamos a empezar a echarlos desde el primer día”, proclamó Donald Trump entre vítores de decenas de seguidores. “En mi primera hora en el cargo, esta gente se habrá ido”. En aquel mitin en Phoenix, el candidato republicano a presidir Estados Unidos cargaba de nuevo contra los indocumentados.

Era agosto de 2016 y a lo largo de la campaña los había llamado ya criminales, narcos y violadores. Tres meses después de aquel mitin en la capital de Arizona, Trump ganó las elecciones.

El sábado se cumple un año de su investidura y la retórica de los mítines en los que prometía expulsar a los 11 millones de sin papeles que hay en el país es uno de los pilares de un Gobierno que culpa a la inmigración de buena parte de los problemas económicos y sociales.

Estados Unidos es el país con mayor inmigración del mundo. Según el Pew Research Center, más de 40 millones de quienes viven en él nacieron en otro (43,2 millones en 2015). Son un 13,4 por ciento, casi el triple que en 1970, pero menos del 14,8 por ciento de 1890.

A los pocos días de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que situó a todos los indocumentados -mayoritariamente hispanos y, dentro de estos, sobre todo mexicanos- como “prioridad” para la deportación. Rompió así con la política de Barack Obama, que dio prioridad a echar a quienes tenían antecedentes criminales y a los detenidos al cruzar la frontera o poco después de hacerlo.

Obama es el presidente de Estados Unidos que más indocumentados deportó mientras estuvo en el cargo (2,9 millones), pero quienes llevaban años en el país, habían formado familias y carecían de antecedentes penales por crímenes graves no eran, por lo general, objeto de búsqueda de las autoridades migratorias bajo su Gobierno.

Durante los primeros cien días del Gobierno de Trump, en el interior del país fueron arrestados más de 41.300 sin papeles, un 40 por ciento más. El Departamento de Justicia contrató más jueces de inmigración para acelerar las deportaciones.

Entre la investidura de Trump y el 30 de septiembre, fin del año fiscal en Estados Unidos, 110.568 inmigrantes fueron arrestados en el interior con objeto de ser deportados, frente a los 77.806 del mismo periodo de 2016. De ellos, cerca de 32.000 carecían de antecedentes penales, frente a los 11.500 de un año atrás.

“Se ha producido un incremento del 43 por ciento de las deportaciones de personas que se encuentran en el interior del país y que no hacían parte de las prioridades de deportación migratoria durante el Gobierno de Obama”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los delitos que muchas veces se les imputan, cuando los hay, son delitos vinculados al tráfico en automóvil”.

La organización de defensa de los derechos humanos denunció en un informe en diciembre que esas deportaciones violan derechos fundamentales como el de la unidad familiar, al estar separando familias. Muchos deportados llevaban prácticamente toda su vida en Estados Unidos, están casados con estadounidenses y/o tienen hijos nacidos en el país, lo que acrecienta el drama de la deportación.

Entrar ilegalmente es un delito de por sí, defiende Thomas Homan, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Quien elija violar la ley debe estar preocupado (por su posible deportación)”, advierte.

Más allá de los arrestos y las deportaciones, Trump ha aprobado este año un veto para impedir la entrada de ciudadanos de países musulmanes, ha reducido la cifra de refugiados aceptados y ha cancelado programas de protección, lo que convertirá a inmigrantes hasta ahora documentados en sin papeles cuando expiren sus permisos si para entonces el Congreso no ha logrado aprobar una solución.

Es el caso de DACA, con el que Obama protegió de la deportación a cerca de 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, crecieron en el país y son estadounidenses a todos los efectos excepto sobre el papel. Trump lo canceló en septiembre.

Su Administración anunció hace poco el fin de la protección migratoria conocida como TPS que tenían 46.000 haitianos y casi 200.000 salvadoreños desde los graves terremotos en sus países.

Haití y El Salvador son dos de las naciones que Trump calificó como “países de mierda” la semana pasada. “¿Por qué no podemos aceptar inmigrantes de, digamos, Noruega?”, dijo según fuentes presentes en una reunión sobre inmigración en la Casa Blanca.

Esa es, en esencia, la idea del sistema migratorio basado en el mérito que quiere instaurar, acabando con lo que su Administración llama “inmigración en cadena”: actualmente, quienes obtienen la nacionalidad estadounidense y los residentes legales pueden, con el tiempo, llevar a vivir con ellos al país a algunos familiares.

En el horizonte de ese cambio está reducir a la mitad en una década la inmigración legal que entra en el país: ahora mismo, un millón de personas al año, según la Casa Blanca. Trump quiere además poner fin al tradicional sorteo anual de 50.000 “green cards” (permisos de residencia) entre ciudadanos de países con bajas cuotas inmigratorias.

Su idea es sustituir todo ello por un sistema basado en el mérito, en el que el recién llegado haya demostrado que habla inglés, que tiene dinero para mantenerse a sí mismo y a su familia y que va a contribuir a la economía norteamericana. “¿Creen que los países nos están dando a su mejor gente? No”, dijo en diciembre. “Nos dan a su peor gente, eligen realmente a los peores de los peores”.

Por Sara Barderas