Brasilia, 16 feb (dpa) – Michel Temer, presidente de Brasil, firmó hoy el decreto para que las Fuerzas Armadas asuman el control de la seguridad pública en el estado de Río de Janeiro a raíz de la escalada de violencia que se vive en esta región.
Aunque de aplicación inmediata, el decreto pasará por el Congreso, que convocará una sesión sobre el asunto en un plazo de 24 horas y tendrá diez días para decidir su aprobación. Se estima que el Parlamento no impedirá la aplicación de la medida.
Después de firmar, el mandatario afirmó: «Tomo esta medida extrema porque así lo exigen las circunstancias. El Gobierno dará respuestas duras y firmes para derrotar el crimen organizado y las bandas de delincuentes».
Además, manifestó: «Hoy comenzamos una batalla en la que nuestro único camino sólo puede ser el éxito y contamos con todos los hombres y mujeres de bien a nuestro lado, apoyando y vigilando esta lucha».
La medida tendrá vigencia hasta fin de año y, según refiere el decreto, su objetivo es «poner término al grave comprometimiento del orden público en el estado de Río de Janeiro».
El líder de la intervención federal en la seguridad pública de Río será el general Walter Souza Braga Netto, jefe del Comando Militar del Este y uno de los principales encargados de la seguridad durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Ésta es la primera intervención de este tipo desde la aprobación de la Constitución de Brasil en 1988. La carta magna prevé que la figura se use como instrumento extremo para resolver situaciones límite.
Actualmente, las Fuerzas Armadas ya cumplen funciones excepcionales de policía en Río, bajo la facultad que les da la Misión de Garantía de Ley y Orden (GLO), un instrumento que se utiliza cuando el presidente considera que se debe reforzar la seguridad en un área y por un tiempo determinados.
La forma en que el decreto de intervención se implementará, de todas formas, todavía está en duda, lo que provocó confusión respecto a cuáles serán las facultades que las Fuerzas Armadas detentarán en el estado.
Según el texto, al interventor federal se le otorga el «control operacional de todos los órganos de seguridad pública del estado», es decir la Policía Civil, la Policía Militar y el Cuerpo de Bomberos.
Sin embargo, en la conferencia posterior a la firma, Raúl Jungmann, ministro de Defensa, dijo: «El orden jurídico continúa siendo el mismo. Las Fuerzas Armadas no ejercerán un poder de policía».
En esa misma rueda de prensa, Sérgio Etchegoyen, ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Pública de la Presidencia, trató de aclarar: «En la intervención, el interventor tiene poder de mando. Puede dividir, reestructurar, agregar. Con una GLO, sólo se ejerce la voz de comando».
Y como para sembrar aún más dudas, Braga Netto afirmó: «Recibí la misión ahora y estamos en una fase de planeamiento. Por el momento, no les puedo contar más nada».
La decisión ocurre en medio de una escalada de la violencia en Río de Janeiro, la ciudad donde viven más de seis millones de habitantes, principalmente durante el carnaval. En varios ‘blocos’ (comparsas callejeras ambulantes) se registraron robos, golpes y «arrastões» (asaltos colectivos, en los que varias personas roban todo lo que puedan y luego huyen corriendo).
Además, la criminalidad asociada al narcotráfico y las bandas delincuenciales y los enfrentamientos que éstas tienen entre ellas y con la Policía Militar del estado están en constante alza desde 2016, así como los tiroteos en todos los barrios cariocas.
En 2017, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), el estado de Río sufrió 40 muertes violentas cada 100.000 habitantes, el número más alto desde 2009. Además, fueron registrados 230.450 robos.
«Con esta medida, estamos dando un salto triple sin red», ejemplificó Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, en referencia al decreto. Y agrego: «No podemos fallar».
Antes, Luiz Fernando Pezão, gobernador de Río, había declarado: «Necesitamos mucho de esta intervención. No estamos consiguiendo parar la guerra entre facciones criminales».
Para algunos analistas, no obstante, el decreto de Temer se enmarca en un «ajedrez político» que sobrepasa los asuntos de seguridad pública. Según la Constitución brasileña, mientras exista intervención en algún estado, no se podrán realizar enmiendas a la carta magna.
En términos prácticos, esto quiere decir que, hasta el 31 de diciembre de 2018, no se podría entonces votar en el Parlamento la enmienda constitucional relacionada con la reforma de la ley jubilatoria, uno de los grandes objetivos de la administración Temer.
Sin embargo, el propio mandatario, en su discurso de hoy, expresó: «Cuando la reforma esté lista para ser votada, haré parar la intervención».
Se espera que Temer realice un pronunciamiento a escala nacional por la noche para dar más precisiones sobre cómo se llevará a cabo la implementación del decreto.
por Fernando Duclos (dpa)