Tel Aviv, 17 feb (dpa) – El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció hoy la suspensión de los controvertidos planes y medidas fiscales que afectaban a propiedades de la Iglesia cristiana y que llevaron el domingo al cierre de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, como forma de protesta.

La suspensión afecta tanto a un controvertido borrador de ley que permitiría al Estado expropiar terrenos que la Iglesia vendió a inversores privados desde 2010 como al congelamiento de activos de la Iglesia por parte del Ayuntamiento de Jerusalén. Éste reclama a las instituciones cristianas unos 190 millones de dólares en impuestos no pagados sobre hoteles propiedad de la Iglesia, oficinas y otros “edificios comerciales” en la ciudad.

En protesta por ambos planes, los líderes de la Iglesia ortodoxa de Grecia, la católica romana y la armenia denunciaron el pasado domingo una “campaña sistemática contra las Iglesias y comunidades cristianas en Tierra Santa” y cerraron la iglesia del Santo Sepulcro.

El templo es considerado el lugar más sagrado del cristianismo, pues según la tradición allí fue crucificado y enterrado Jesucristo antes de resucitar. Está ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén y atrae a muchos turistas.

El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, anunció la suspensión de las medidas fiscales y el inicio de un proceso de negociación con los líderes eclesiásticos. También la oficina de Netanyahu anunció su intención de dialogar con los representantes eclesiástico.

La negociación versará sobre los impuestos de edificios propiedad de la Iglesia que no se usan con fines religiosos, como los hoteles.

El proyecto de expropiación se basa en las sospechas de que la Iglesia ortodoxa griega, una de las mayores propietarias de bienes inmobiliarios en Israel, habría vendido tierras por debajo de su valor a compradores anónimos. La comunidad ortodoxa palestina denuncia que muchas de esas tierras deberían permanecer dentro del territorio considerado palestino.

Por su parte, Israel ve esas ventas con recelo porque considera que los nuevos dueños podrían violar los derechos de cientos de israelíes que viven en propiedad eclesiástica y subirles mucho los precios.