Río de Janeiro, 27 feb (dpa) – Walter Braga Souza Netto, interventor militar de Río de Janeiro, afirmó hoy que la medida que se está llevando a cabo en el estado, por la cual las Fuerzas Armadas asumieron el control de la seguridad pública, será “un laboratorio para Brasil”.

La declaración de Souza Netto se dio en el marco de una conferencia de prensa en la que se esperaba que se presentase un plan de implementación de la intervención en Río, lo cual finalmente no sucedió.

A cambio, el interventor ofreció algunos detalles relativos a la planificación y manifestó que todavía se está en “fase de estudios”. Entre los anuncios de Souza Netto, se destaca la nominación del general Richard Nunes como nuevo secretario de Seguridad Pública del estado.

Además, Souza Netto manifestó que “no habrá ocupaciones permanentes de favelas” y que las cúpulas de las Policías Civil y Militar de Río serán mantenidas, lo que había generado muchas especulaciones en la previa.

El primer objetivo de la intervención, manifestó el general, será recuperar la “capacidad operativa de las Policías”, así como de las áreas de inteligencia del estado, que serán integradas al Comando Militar del Este.

“Pronto serán tomadas providencias para que la población perciba la sensación de seguridad. Para eso, contamos hasta con el apoyo de la prensa”, añadió Souza Netto.

Desde que el presidente Michel Temer firmó el decreto de intervención federal en Río, el 16 de febrero, no ha habido muchas certezas respecto a la forma en que la medida será implementada, lo que llevó al ex ministro de Defensa y nuevo ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, a aclarar que no se daría “carta blanca” a los militares en la región.

Dos hechos relativos a la intervención encendieron en los últimos días las alarmas de organismos de Derechos Humanos y de parte de la sociedad civil brasileña. El primero fue la posibilidad, comentada por el propio Jungmann, de que se comiencen a expedir mandatos colectivos de búsqueda, que permitirían a la fuerza pública registrar cuadras enteras en busca de criminales.

El segundo ocurrió el viernes, cuando el Ejército montó una suerte de cerco en tres favelas de la ciudad y sacó fotos a todas las personas que querían salir del lugar, para averiguar si tenían antecedentes criminales.

El decreto de intervención en Río se firmó a raíz de la escalada de violencia en la región. Un estudio divulgado hoy por el diario “O Globo” refiere que, en 2016, se registró en el estado una tasa de 37,6 homicidios cada 100.000 habitantes, un aumento del 24,3 por ciento respecto a 2015.

Las estadísticas de 2017 todavía no fueron divulgadas, pero se estima que la cifra continuó creciendo.