(dpa) – La sesión prevista en el Parlamento de Cataluña mañana martes para investir a un presidente del Gobierno regional, con el independentista Carles Puigdemont como único candidato, llega marcada por una incertidumbre total tras la prohibición del Tribunal Constitucional de celebrarla a distancia.

A horas de su convocatoria, no se sabe si será suspendida, si se celebrará y, en ese caso, si se hará con Puigdemont como candidato.

La gran incógnita es si el líder independentista, quien se encuentra en Bélgica desde finales de octubre para evitar ser detenido en España, regresará a España para asistir a la sesión de investidura. En los alrededores del “Parlament” catalán, en Barcelona, y en las fronteras españolas hay un importante despliegue policial.

“Un señor fugado de la Justicia, que ha pretendido unilateralmente liquidar la soberanía y unidad nacional, no puede ser presidente de nada”, dijo hoy el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, en una entrevista en la emisora Cadena Cope.

Puigdemont se trasladó a Bélgica tras ser destituido por Madrid como jefe del Gobierno catalán. Sobre él pesa una orden de detención en España, donde es investigado por sus planes independentistas.

El presidente del Parlamento catalán, el también secesionista Roger Torrent, lo propuso como único candidato a la investidura tras las elecciones celebradas en diciembre en Cataluña, en las que los partidos separatistas obtuvieron mayoría absoluta. Pero si regresa a España, el ex jefe del Gobierno catalán será detenido.

El Constitucional prohibió el sábado su investidura a distancia, es decir, de forma telemática o delegada, en una decisión sin precedentes dictada con “urgencia excepcional”. El partido de Puigdemont pidió hoy al alto tribunal la nulidad de ese acuerdo.

La única opción del candidato para volver a ponerse al frente del Gobierno catalán de forma legal es obtener una autorización del juez que lo investiga para asistir a la sesión de investidura del martes.

El abogado del líder separatista, Jaume Alonso Cuevillas, consideró hoy improbable que su cliente pida dicha autorización a la Justicia.

El propio Puigdemont alegó hoy en un escrito al Tribunal Supremo que no necesita ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio de sus derechos como diputado.

Hoy, el separatista volvió a jugar al despiste al publicar en la red social Instagram una foto de una calle de Barcelona que desemboca en el “Parlament” catalán junto al texto: “A 24 horas de la investidura. Por el país. Por las libertades. Por nuestras instituciones. Por la democracia. Por la dignidad. Por el futuro. Por ti”.

Puigdemont solicitó además “amparo” al “Parlament” para que “salvaguarde sus derechos” y garantice su investidura. El jefe de la Cámara tendrá que decidir en las próximas horas si sigue adelante con la sesión, desobedeciendo así a la Justicia, o la suspende.

El Constitucional ya le advirtió el sábado de que podría incurrir en responsabilidades penales si no acata la prohibición de investir a distancia a Puigdemont.

Ante las dificultades para nombrarlo presidente, parte del independentismo sugirió en los últimos días buscar un candidato alternativo que no tenga cuentas pendientes con la Justicia.

“Si es imprescindible tener Govern (Gobierno), si hay que sacrificar al presidente Puigdemont, tendremos que sacrificarlo”, dijo el diputado Joan Tardà, del partido Esquerra Republicana (ERC), en una entrevista publicada el domingo en el diario catalán “La Vanguardia”.

En ese sentido, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) anunció hoy que solicitará la suspensión del pleno del martes si Puigdemont no puede asistir de forma legal y que pedirá una nueva ronda de contactos para que se proponga otro candidato.

También el Gobierno español de Mariano Rajoy, que impugnó la candidatura de Puigdemont ante el Constitucional y que intervino la autonomía de Cataluña el pasado octubre, ve “razonable” que se busque otro aspirante a “president”, según dijo hoy en una entrevista radiofónica el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.

Aunque algunas voces consideran que la sesión del martes se podría aplazar, el reglamento exige que el 31 de enero, miércoles, se celebre la primera votación del debate de investidura. Si no saliera adelante, se podría hacer otra dos días después.

Los partidos secesionistas -ERC, Junts per Catalunya y la Candidatura de Unidad Popular (CUP)- suman 70 diputados de los 135 que tiene el Parlamento catalán y necesitan 68 para poder investir a su candidato.

Cinco de ellos están prófugos en Bélgica, entre ellos Puigdemont. Para garantizar esa mayoría, tres renunciaron a su escaño.

Además, otros dos diputados están en prisión por el proceso independentista. No podrán acudir a la sesión de investidura, según decidió hoy el juez del Tribunal Supremo que investiga la causa, pero sí votar de forma delegada a través de otro diputado.

El movimiento independentista llamó a la ciudadanía a manifestarse “masivamente” y “de forma no violenta” el martes junto al “Parlament” para “defender el derecho de Puigdemont a ser investido presidente”.

Por Ana Lázaro Verde