Madrid/Berlín, 4 abr (dpa) – ¿Hubo violencia en el plan secesionista en Cataluña que desató un terremoto político y social en España? La pregunta quedó ahora en el centro de una crisis que preocupa a toda Europa y marcará no solo el futuro del ex presidente catalán Carles Puigdemont, sino también en parte del independentismo en general.

Puigdemont está procesado en España por malversación y rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de prisión e imputable a quienes “se alzaren violenta y públicamente” contra la Constitución, según el código Penal español. El Tribunal Supremo imputa el mismo cargo a otros 12 de los 25 líderes independentistas procesados.

Pero mientras pocos ponen en duda que el Gobierno y el Parlamento catalanes rompieran con la Constitución española, muchos -no solo independentistas- cuestionan que lo hicieran con violencia. Es el principal argumento de los soberanistas para denunciar una motivación “política” tras la actuación de la Justicia y el Gobierno españoles.

La cuestión tendrá ahora por primera vez una respuesta con efectos concretos. Un Tribunal de Schleswig-Holstein, estado federado alemán donde Puigdemont fue arrestado el 25 de marzo, decidirá si lo entrega a España, como solicitó el martes la Fiscalía regional. Y, lo que resulta aun más crucial, con qué cargos lo hace.

Si la corte viera que no está acreditado el delito de “alta traición” (equivalente alemán de la rebelión, que exige también “violencia o amenaza de violencia”), toda la estrategia del Supremo español se tambalearía y Puigdemont no podría ser ya juzgado por ese delito, lo que volvería además cuestionable aplicarlo a los demás procesados.

El juez del Supremo Pablo Llarena justificó el cargo de rebelión sobre todo por una concentración de independentistas que el 20 y 21 de septiembre encerraron a guardias civiles que realizaban una operación contra el referéndum soberanista ilegal del 1 de octubre en Cataluña y destrozaron sus coches. Hechos que “reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia”, señaló en el auto de procesamiento.

Esos argumentos resultan “sorprendentes” y “llamativos” para la defensa de Puigdemont. “Aunque algunos ciudadanos concretos pudieran haberse excedido de la resistencia pasiva y hubieran actuado activamente contra los agentes, dichas conductas en modo alguno podrían imputarse a los procesados”, señala un recurso presentado el lunes contra el auto de Llarena.

También la organización Amnistía Internacional (AI) es muy crítica con el envío a prisión preventiva de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, entonces líderes de las poderosas entidades civiles que llamaron a esas protestas, al considerar precisamente que no se los puede responsabilizar por esa violencia ni, en consecuencia, por rebelión.

“La imputación de violencia tiene que ser directa a las personas encarceladas”, dijo a dpa el director de AI en España, Esteban Beltrán. “El elemento de violencia tiene que ser un elemento que incluya por ejemplo armas o amenaza de armas, que no es el caso. Por supuesto que ha habido violencia en algunos casos (…) Otra cosa es que esos actos puedan ser atribuidos directamente a esas personas”.

Juristas de España -y ahora también de Alemania- fluctúan entre ambas posturas. Y es que “el término de violencia que caracteriza el delito de rebelión es bastante amplio”, explicó a dpa Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Mangas sostiene que hay “muy buenos penalistas” que ven insuficientes los brotes de violencia durante el proceso independentista como para hablar de rebelión, pero apunta también a la jurisprudencia española (los responsables del intento del golpe de Estado de 1981 fueron condenados pese a que no dejaron muertos o heridos) e internacional, donde hay convenios que consideran “la fuerza moral sobre las personas suficiente para entender que ha habido violencia y amenaza”.

La catedrática resuelve el dilema apelando al concepto de “violencia institucional”. “Puigdemont no actuó a título individual como cualquier ciudadano, sino como presidente de un Gobierno. Hubo una violencia institucional tremenda desde Cataluña en los últimos dos años”.

La decisión del Tribunal alemán los próximos días o semanas tendrá un impacto directo en el proceso judicial y -lo que no es poco en un conflicto tan simbólico como el catalán- otorgará una importante victoria política a unos de los dos bandos.

Por Pablo Sanguinetti (dpa)