Tegucigalpa, 15 feb (dpa) – Honduras busca la fórmula para acabar con las organizaciones criminales que siembran el terror en la población. Es por eso que el gobierno el pasado martes en un comunicado reiteró su apoyo a Estados Unidos para combatir a la Mara Salvatrucha o MS-13, una de las pandillas más brutales.

En los pasados dos años, las fuerzas de seguridad hondureñas han dado fuertes golpes a esa estructura criminal, pero no han sido suficientes para erradicarla. Desde 2016 se llevaron a cabo tres operativos con el objetivo de debilitarla, debido a su implicación en delitos como extorsión, narcotráfico, sicariato y lavado de activos.

“El propósito es dar duros golpes a sus bienes, sus cuentas bancarias y sus empresas, en las cuales estaban lavando su dinero. Eso debilita su estructura, pero debe ser una lucha constante y por eso se han realizado tres operaciones”, explicó a dpa el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

La Mara Salvatrucha nació en los suburbios de la ciudad estadounidense de Los Ángeles; integrada por personas de origen latino, la mayoría de El Salvador, a la que luego se integraron hondureños y guatemaltecos.

El origen de su nombre se desconoce, pero algunos especialistas creen que es resultado de la combinación de salvadoreño y trucha (estar atento), lo cual es una hipótesis, entre las muchas que existen.

Con las deportaciones de centroamericanos que hizo Estados Unidos a finales de la década de los 90, muchos de sus integrantes fueron retornados a sus naciones e iniciaron un proceso de reclutamiento de jóvenes.

En aquel entonces surgieron pandillas callejeras que luego se volvieron cada vez más violentas. Actualmente la MS-13 tiene células en varios países como Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Con el tiempo se asociaron con otros grupos vinculados al tráfico de armas y de drogas, convirtiéndose así en una de las bandas transnacionales más sanguinarias de la región.

En Honduras se estima que hay unos 70 mil pandilleros, distribuidos en diferentes bandas criminales como la MS-13, la mara 18, la segunda pandilla más peligrosa en Honduras; el combo que no se deja y Los Chirizos, entre otras.

Los líderes de esas maras, que son personas mayores de 40 años, son fácilmente identificables por la policía, debido a que tienen sus cuerpos llenos de tatuajes alusivos a sus agrupaciones. Sin embargo, sus nuevos integrantes dejaron de tatuarse para no ser identificados, a raíz de la reforma al artículo 332 del Código Penal, mejor conocida como Ley Antimaras

Esa ley tipifica el delito de asociación ilícita y endurece penas de cárcel para los integrantes y líderes de maras y pandillas, que sean plenamente identificados.

Las maras y pandillas en Honduras son consideradas uno de los fenómenos criminales más violentos porque atacan directamente a la población en sus casas y en la calle. Además, existe un control territorial y reclutan menores de edad para engrosar sus filas.

Los jovencitos que ingresan a las maras, por lo general, ni siquiera sobrepasan los 15 años; viven en situación de extrema pobreza o en medio de hogares disfuncionales, de los que salen a temprana edad para vagar por las calles.

La marginación social, la falta de educación y de oportunidades para tener una mejor vida, los obliga a involucrarse en esas agrupaciones en las que además de tener acceso al dinero rápido, tienen un aparente apoyo moral que no consiguen en sus casas.

OPERACIÓN AVALANCHA

En febrero de 2016 se conformó en Honduras un equipo de fiscales, agentes de investigación, policías y militares con el fin de debilitar la estructura de la MS-13.

En el marco de una estrategia llamada “Operación Avalancha” y que se ha llevado a cabo en tres fases, la más reciente en septiembre de 2017, fueron capturados varios de los líderes, entre ellos Héctor Jacinto Mendoza González, alias “Camuma”, a quien se le vincula al asesinato de dos fiscales en San Pedro Sula.

Las fuerzas de seguridad también arrestaron a un alcalde y a un oficial de la Policía Nacional. Los detenidos se encuentran en una cárcel de máxima seguridad, acusados por lavado de activos.

Además, se realizaron decenas de registros en diversas ciudades, así como incautaciones de viviendas, empresas, vehículos y dinero en efectivo que suman más de 21 millones de dólares (más de 500 millones de lempiras). Asimismo, la Policía decomisó armas de fuego de grueso calibre.

“Desde que se inició la primera operación en enero del 2016, la estrategia del Ministerio Público era debilitar a la Mara Salvatrucha y capturar a los cabecillas de esa organización. Hoy vemos que se ha reducido considerablemente el delito de extorsión y los índices de homicidios”, sostuvo Yuri Mora.

Sin embargo, existen sectores que consideran esos operativos contra las pandillas como meras estrategias políticas que no tienen mayores incidencias en la reducción de la criminalidad.

El analista en materia de seguridad Raúl Pineda Alvarado, asegura que en Honduras se está aplicando una política criminal equivocada que ha provocado que en cuatro años se haya pasado de 12.000 a casi 20.000 encarcelados.

“Esto es como podar un árbol y no arrancar la raíz, la organización criminal tiene niveles de compartimentación y organización seguramente más elevados que los cuerpos de seguridad del Estado”, subrayó.

Por su parte, Wilfredo Méndez, director de la ONG Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), explica que el gobierno, más que atacar los efectos, debe empezar por buscar soluciones a las causas que provocan el crecimiento de las pandillas.

Considera que esos grupos son producto de la exclusión social, la marginación de sectores que han estado olvidados por el mismo Estado y que viven en extrema pobreza.

“El golpe no solo debe ser contra los jefes de pandillas, sino también contra la forma organizativa que les permite sobrevivir a pesar de esos operativos”, dijo Méndez en declaraciones a dpa.

FUERZA TRINACIONAL

Los operativos para erradicar a las pandillas se han extendido por toda Centroamérica, en los que Honduras, El Salvador y Guatemala, unen esfuerzos a través de sus Fuerzas Armadas y sus policías nacionales.

Incluso en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, los tres gobiernos firmaron el 3 de noviembre del 2016 un acuerdo para crear la Fuerza Trinacional Antipandillas, con el objetivo de eliminarlas.

Esa fuerza élite, que entró en vigencia el 15 de noviembre del 2016, trabaja en las distintas fronteras de las tres naciones para evitar que los mareros circulen por esos territorios en su afán de huir, ante la persecución por las autoridades locales de cada país.

Por Marlon González (dpa)