Madrid, 21 feb (dpa) – Una obra de arte retirada por su polémico contenido político, un libro secuestrado por presuntas calumnias a un alcalde y un rapero enviado a prisión por sus insultos a la Corona. La coincidencia de tres noticias similares en dos días reabrió hoy un debate en España: ¿tiene el país un problema de censura?

Así lo denunciaron diversos artistas, políticos y asociaciones después de que el Tribunal Supremo español confirmara el martes la condena a tres años y medio de prisión al rapero Miquel Arenas, mejor conocido como Valtonyc, por enaltecimiento de terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas a políticos en sus canciones.

Un grupo de 200 artistas firmó un comunicado de apoyo al músico alertando de una «intención intimidatoria por parte de las instituciones del Estado», mientras que la asociación Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) habló de «algo parecido a la Inquisición» en pleno siglo XXI.

También fuerzas de izquierda arremetieron contra el Gobierno del conservador de Mariano Rajoy. A su Partido Popular «le huelen los pies a Franquismo», ironizó el eurodiputado Miguel Urbán, de Podemos. Su par Marina Albiol, de Izquierda Unida, fue más allá y solicitó hoy formalmente una sanción de la Unión Europea (UE) a España.

Valtonyc, un rapero hasta entonces poco conocido que difundía sus canciones por Internet, fue condenado por letras que incluían mensajes de apoyo al grupo armado vasco ETA, insultos a la monarquía y el rey Felipe VI o amenazas a políticos.

«El rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley», señalaba una canción citada por el Supremo. Otra decía: «Matando a Carrero, ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal». El almirante Luis Carrero Blanco fue asesinado en 1973 cuando presidía el Gobierno franquista.

El Ejecutivo de Rajoy defendió la condena, que implicará el ingreso efectivo en prisión del rapero. «Los delitos de odio deben perseguirse. Contra los extremismos y la intolerancia hay que luchar», respondió hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al ser consultado por el tema.

Pero mientras el ministro hablaba en los pasillos del Congreso, la polémica crecía en la feria de arte contemporáneo ARCO en Madrid, que retiró hoy una obra que trataba como «presos políticos» a líderes catalanes que se encuentran en prisión preventiva como investigados por el proceso independentista en la región.

Santiago Sierra, autor de la obra retirada, lamentó la decisión en su perfil de Facebook, pero añadió: «Creemos que actos de este tipo dan sentido y razón a una pieza como ésta, que precisamente denunciaba el clima de persecución que estamos sufriendo los trabajadores culturales en los últimos tiempos».

Tampoco la literatura escapó a la controversia. La Justicia ordenó hoy retirar «Fariña», un «best seller» del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia, después de que un ex alcalde local pidiera medidas cautelares por contenido «calumnioso». La obra pasó al primer puesto de las más vendidas en el portal Amazon de España.

La sucesión de actuaciones contra manifestaciones en principio artísticas reabrió un debate que, sin embargo, no es nuevo en España.

Varios tuiteros, raperos e incluso un grupo de titiriteros fueron procesados y sancionados desde 2015, cuando entraron en vigor una polémica reforma del Código Penal y una nueva «Ley de protección de la seguridad ciudadana», conocida popularmente entre sus críticos como «Ley mordaza» por los límites que impone.

«Hemos constatado que España no escapa a la tendencia global de restringir la libertad para expresarse y manifestarse», explicó a la agencia dpa Beatriz Perales, responsable de campañas e investigación de la sección española de Amnistía Internacional (AI). «Protestar, incluso a través de las redes sociales, es cada vez más difícil».

La experta vio con preocupación la «arbitrariedad» de los nuevos límites impuestos (por ejemplo en la definición algo vaga del delito de «humillación a víctimas del terrorismo»), así como «la falta de mecanismos independientes de control a la actuación policial». «Se consigue así que haya autocensura y desmovilización, porque la gente tiene más miedo a salir a protestar», concluyó.

Perales recordó el mediático caso de Cassandra Vera, una joven estudiante de Historia condenada el año pasado a un año de prisión por burlarse en Twitter, entre otras cosas, del asesinato de Carrero Blanco por ETA.

La propia nieta del almirante aseguró que las bromas de Vera le «repugnaban», pero consideró «un disparate» la condena. «Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel», escribió Lucía Carrero-Blanco en una carta al diario «El País».

Por Pablo Sanguinetti (dpa)