Buenos Aires, 2 mar (dpa) – La Justicia resolvió hoy que la senadora opositora y ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) sea enjuiciada por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita en la concesión de obras públicas en su Gobierno, dijeron hoy fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini, que culminó la investigación y elevó el caso a juicio oral, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
La elevación del caso a juicio es la primera determinación de este tipo que se conoce desde que Kirchner, de 65 años, asumió el 1 de diciembre último su banca de senadora nacional en representación de la provincia de Buenos Aires por el partido Unidad Ciudadana.
Por ese motivo, Kirchner goza del beneficio de la inmunidad parlamentaria que impide su arresto, aunque no el avance de las varias causas judiciales que afronta desde que dejó el poder en diciembre de 2015 e incluso una eventual condena.
Para que Kirchner pierda la inmunidad parlamentaria un juez debe presentar un pedido a la Cámara de Senadores, que deberá aprobarlo con el respaldo de los dos tercios de los legisladores presentes.
En el caso por el que Kirchner será enjuiciada, el juez Ercolini no solicitó aún el desafuero parlamentario de la senadora.
El Gobierno argentino, por medio del jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió a la Justicia que garantice «el debido proceso» a la ex mandataria «con toda la transparencia posible».
«Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley», dijo Peña en una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires al finalizar una reunión del presidente, Mauricio Macri, con su gabinete.
El juez decidió que, además de Kirchner, se sienten en el banquillo, entre otros 15 acusados, el empresario Lázaro Báez y Julio De Vido, que fue ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández de Kirchner y está detenido desde el 19 de octubre.
Según la acusación, la ex mandataria y el resto de los acusados «participaron de una asociación (…) destinada a cometer delitos; para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz».
La ex jefa de Estado argentina, indicó el juez, «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad».
En su investigación, el magistrado determinó que prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz fueron en favor de las empresas de Báez, que representó una contratación del Estado por más de 46.000 millones de pesos (unos 2.200 millones de dólares).
Báez es un antiguo allegado a la familia Kirchner que pasó de ser empleado de un banco a crear Austral Construcciones, una de las empresas que más contratos de obra pública recibió durante el kirchnerismo.
Los Kirchner forjaron su poder político en Santa Cruz entre fines de los años 80 y principios de 2000. Allí, Néstor Kirchner fue gobernador entre 1991 y 2003, mientras que en el mismo lapso Cristina Fernández se desempeñaba como legisladora provincial, diputada y senadora nacional.
Desde que dejó el poder del país, en 2015, Kirchner enfrenta un escenario judicial adverso con varios procesamientos y acusaciones, aunque no ha recibido ninguna condena.
Entre otros delitos está acusada de administración infiel en perjuicio del Estado, asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con su función de mandataria.
La Justicia podría definir en las próximas semanas la elevación a juicio de Kirchner en la investigación en la que está procesada, junto a ex funcionarios y colaboradores, por firmar un acuerdo con Irán para, según la Justicia, encubrir a ciudadanos de ese país sospechosos de haber atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994, causando la muerte a 85 personas.
En tanto, se espera que este año comience en su contra un juicio oral en una causa abierta por irregularidades en la venta de dólares a futuro a valores más bajos que los de mercado.
Por Gabriel Tuñez (dpa)