Buenos Aires, 7 feb (dpa) – La decisión del presidente argentino, Mauricio Macri, de respaldar la acción de un policía que disparó por la espalda a un delincuente que huía tras robar y apuñalar a un turista estadounidense derivó en una discusión en el país acerca de la legitimidad de la mano dura frente al crimen.
«Estoy orgulloso de que haya un policía como vos», dijo Macri hace seis días al agente Luis Chocobar, al que recibió en la Casa de Gobierno. Horas antes del encuentro, el policía había criticado en la prensa la decisión de un juez de procesarlo por el homicidio de un joven de 18 años.
Hasta ese momento la versión que el policía sostenía era que había defendido al turista, víctima de un asalto en el barrio de La Boca, uno de los más visitados por los extranjeros en Buenos Aires, y que disparó al asaltante porque su vida corría riesgo.
El turista fue apuñalado en diez ocasiones por los ladrones y estuvo al borde de la muerte. Tras una compleja operación, se recuperó y un mes después regresó a Estados Unidos. Antes, agradeció a los médicos y a Chocobar por su acción.
La recepción elogiosa brindada al policía le valió algunas críticas al jefe de Estado argentino, que aumentaron al difundirse un video en el que se observa al agente disparar su arma en nueve ocasiones contra el asaltante, que se encontraba de espaldas y huía sin haberlo enfrentado, como había declarado en un principio.
La situación legal de Chocobar se agravaba a cada hora cuando la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, salió este martes en su defensa al decir que había seguido «todos los protocolos de la nueva doctrina» de seguridad del Gobierno.
«Estamos cambiando la doctrina de que siempre el policía es el culpable», dijo Bullrich a radio Con Vos.
En la misma emisora, horas después, el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor de Macri desde hace más de una década, afirmó que «la inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte» y que «se reprima brutalmente a los delincuentes».
En ese contexto, Bullrich anunció que impulsará una reforma al Código Penal para «sacar la figura de legítima defensa» en el caso de las fuerzas policiales.
«El Gobierno promueve el uso irracional de la fuerza y la ausencia de controles sobre el accionar policial», advirtió en forma crítica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en tanto, difundió que en los primeros dos años de Gobierno de Macri se contabilizaron 725 casos de «gatillo fácil», expresión utilizada para referirse el uso abusivo de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad.
Bullrich es, posiblemente, la ministra más cuestionada del gabinete de Macri. Lo es desde hace, por lo menos, seis meses, cuando defendió la acción violenta de la Gendarmería al desalojar una protesta de una comunidad mapuche en el sur argentino.
Aquella intervención derivó en la desaparición del joven Santiago Maldonado, que permaneció en esa condición más de 70 días hasta que su cadáver fue hallado en un río de la provincia patagónica de Chubut, a pocos metros de donde había actuado la Gendarmería.
El 25 de noviembre último, el día que era sepultado Maldonado, un joven mapuche que también protestaba en el sur del país en reclamo de tierras fue asesinado por la espalda mientras huía de la Prefectura, otra de las fuerzas bajo el mando de Bullrich.
Allí también la funcionaria defendió a los agentes pese a que la autopsia al cuerpo de la víctima aseguró que el proyectil que la había matado era similar a los que utilizan en la Prefectura.
«Patricia es Macri», escribió el periodista del diario «Clarín» Eduardo Paladini. «El gran soporte de la postura oficial (en materia de seguridad) no es Bullrich sino el presidente», destacó.
Por Gabriel Tuñez (dpa)