El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado un decreto para regular la inteligencia artificial (IA) que sitúa Asturias entre las comunidades pioneras en el uso de la tecnología al servicio de la ciudadanía. El Gobierno de Asturias refuerza así su posición como referente en el empleo responsable y transformador de la IA para mejorar la calidad de vida de la población, la eficacia de los servicios públicos y la relación entre la ciudadanía y la Administración.
El objetivo de la norma es doble. Por un lado, asegurar que la IA se utilice en la Administración de forma ética, segura y respetuosa con los derechos fundamentales. Por otro, impulsar su desarrollo de manera responsable y controlada. Para ello, el decreto introduce una figura clave: el sandbox de inteligencia artificial, un entorno de pruebas seguro y controlado en el que se podrán ensayar nuevos sistemas antes de su implantación definitiva.
Esta legislación abre la puerta a una Administración más ágil, proactiva y capaz de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía, todo ello bajo control público y con garantías: cualquier sistema de IA deberá ser transparente y respetar la autonomía humana.
Una de las claves del decreto es su carácter participativo. En este sentido, ha sido elaborado por un grupo de trabajo presidido por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, e integrado por representantes de las consejerías y del Gobierno central, expertas universitarias, sindicatos, empresas y profesionales del ámbito tecnológico.
El texto presta especial atención a los sectores en los que la IA puede marcar la diferencia, como la sanidad, los servicios sociales o la gestión administrativa, y da amparo normativo a futuros proyectos como Cova o la introducción de la IA en la nueva plataforma miPrincipado.
Además, se apuesta por una gobernanza compartida: los recursos tecnológicos del Principado estarán a disposición de los concejos, para extender los beneficios de la IA a todo el territorio. También protege el conocimiento generado por la Administración, con el propósito de evitar su cesión a sistemas opacos o privados.