Lima, 26 feb (dpa) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Duberlí Rodríguez, confirmó hoy que recibió amenazas de muerte de parte de traficantes de tierra del departamento norteño de Lambayeque.
«Es la primera vez en mi vida que recibo una amenaza. Esto es una cosa inmensa para el Poder Judicial porque amenazan a su presidente», dijo Rodríguez en la radio RPP.
Según el magistrado, las amenazas fueron lanzadas por hombres que visitaron la casa de un hermano y una cuñada suyos, quienes viven en Moshoqueque, zona vecina a Chaparrí, donde una presunta organización mafiosa quiere apoderarse de tierras consideradas reservas ecológicas.
Las investigaciones apuntan a que los autores de las amenazas son los mismos que asesinaron en diciembre al teniente gobernador (representante del Gobierno central) de Chaparrí, José Tarrillo, un activista ecológico que se oponía frontalmente a la invasión.
«No solamente me han amenazado a mí, sino a todos los comuneros que se les enfrentan. Hay que darles garantías (a los campesinos)», dijo el presidente de la Corte Suprema, que le pidió formalmente al Ministerio del Interior medidas de protección para él y su familia.
«Cuando uno lucha por causas justas no tiene que mostrar debilidad y voy a seguir adelante con esta batalla de toda la ciudadanía de Lambayeque», afirmó Rodríguez, de 68 años, nacido en ese departamento costero.
El encargado de la reserva, Wilson Bautista, que también ha recibido agresiones y amenazas, afirma que los traficantes están liderados por una familia de apellido Cruzado.
Uno de los miembros de esa familia estuvo detenido por el asesinato de Tarrillo, pero después se le dejó libre, según denunció Bautista, quien indicó que el sospechoso está además supuestamente involucrado en al menos otros tres asesinatos de campesinos.
Para Rodríguez, las amenazas en su contra obedecen a que visitó personalmente en enero la zona del problema para impulsar que la Justicia actúe a la brevedad posible.
“Nos trasladamos con las autoridades a Chaparrí para ver en vivo y en directo (el problema) y constatamos que se han invadido más de 1.000 hectáreas, que se han lotizado y se les ha puesto avisos donde dice ‘prohibido pasar’ con la cruz a modo de amenaza de muerte», señaló Rodríguez en la entrevista de radio.