El Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto anticipado de 31,5 millones para el abono del salario social básico y de las prestaciones vinculadas a la ley de la dependencia en el primer semestre de 2022.
Por un lado, se destinan 20.000.000 euros al pago de la renta mínima autonómica, la principal herramienta del Principado para luchar contra la pobreza y la exclusión social, que en la actualidad perciben 14.484 hogares. Por otro, se dedican 11,5 millones a las ayudas previstas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Salario social básico
El proyecto de presupuestos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para el próximo ejercicio contempla una reducción de 24 millones en la partida destinada al salario social respecto a este año, como consecuencia de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital. En total, las cuentas para 2022 consignan 58 millones para este fin.
Paralelamente, el departamento que encabeza Melania Álvarez redoblará los esfuerzos para impulsar medidas de incorporación laboral que beneficien a los perceptores de la renta mínima autonómica. En este sentido, próximamente suscribirá un acuerdo con empresas del sector de los cuidados domiciliarios a personas mayores, con el fin de que quienes perciben el salario social puedan trabajar en este sector y desarrollar su proyecto vital con autonomía.
La consejería ya ha rubricado este año dos convenios con el mismo propósito: uno con la Fundación Laboral de la Construcción y otro con el Grupo Tragsa. El tercer acuerdo se enmarca en el programa transversal ImpulSAD, diseñado para mejorar la calidad del servicio de asistencia a domicilio.
Ayudas vinculadas a la dependencia
El eje del proyecto de presupuestos de Derechos Sociales para el próximo año se basa en la atención a las personas y permitirá asistir a 2.400 dependientes más, al tiempo que posibilitará el aumento de la cuantía de las prestaciones económicas que perciben otros 3.500. Los fondos destinados a estas ayudas ascienden a 47,8 millones.
En concreto, está previsto incrementar hasta un 75% las ayudas asociadas a las plazas de residencias de mayores y centros de día, así como las que impulsarán la figura del asistente personal.
En total, la consejería destinará 274,9 millones a la atención directa a personas dependientes, una cifra histórica que supone el 57 por ciento del presupuesto total de este departamento y un aumento de 76,5 millones sobre este ejercicio.