Washington, 12 feb (dpa) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incrementó hoy la presión internacional sobre Nicolás Maduro con la presentación de un informe sobre Venezuela en el que lo acusa de «despreciar» la democracia y lo llama a restablecer inmediatamente un orden constitucional quebrado.
«Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos», proclamó en Washington el presidente de la CIDH y relator para ese país, Francisco Eguiguren.
Es la tercera vez en su historia -tras 2003 y 2009, en tiempos de Hugo Chávez- que este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza un informe sobre este país. Tomó la decisión en septiembre ante el «grave deterioro» de los derechos humanos en los dos últimos años y la grave crisis política, económica y social.
«Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación que existe en el país, que atienda las recomendaciones realizadas en este informe y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional, que buscan atender la satisfacción básica de las necesidades de la población», dijo Eguiguren.
En el análisis de 156 páginas, la CIDH sostiene que la institucionalidad democrática de Venezuela fue deteriorándose en los últimos 15 años hasta llegar en 2017 a producirse «la alteración del orden constitucional», en la que apunta como determinante la falta de independencia del Poder Judicial.
Se refiere a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con las que a finales de marzo de ese año quitó poderes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición y vaciada después de poder por la Asamblea Constituyente que impulsó Maduro y que ha recibido un amplio rechazo internacional.
La actuación del TSJ fue de hecho la que dio lugar a la última ola de protestas contra el Gobierno chavista, en la que entre abril y julio murieron más de 100 personas. El informe denuncia «actos de tortura, otros malos tratos y violencia sexual» contra detenidos en el marco de esas manifestaciones.
También señala «actos de criminalización, detenciones arbitrarias e incluso, la afectación de derechos a la vida e integridad personal» contra miembros de partidos de la oposición, que el año pasado alcanzaron niveles «nunca antes vistos».
«Los referidos actos muestran un desprecio por el Estado Democrático de Derecho y valores consustanciales a este, como el pluralismo político, el respeto por la dignidad de la persona humana y el principio de la legalidad en la actuación estatal que brinda su propia Constitución», sostiene el documento.
Presenta 76 recomendaciones para el Gobierno de Maduro y le insta a cumplirlas con carácter urgente, aunque su incumplimiento no tiene consecuencias legales para el Ejecutivo venezolano.
La importancia de la publicación de este documento radica en que suma un elemento más a la presión regional e internacional sobre el presidente venezolano para que regrese a una senda democrática y constitucional de la que se ha apartado, según sus críticos.
Lo hace además poco después de que la Corte Penal Internacional (CPI) abriera una investigación preliminar sobre posibles crímenes en Venezuela y cuando acaban de fijarse para el 22 de abril unas elecciones presidenciales que encuentran amplio rechazo en la región por los vetos a la oposición y la falta de transparencia.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, llamó hoy de hecho a la comunidad internacional a utilizar el informe en los «esfuerzos jurídicos y políticos» que hay en marcha.
Uno de ellos está en la OEA, donde tras tres rondas de audiencias públicas sobre Venezuela impulsadas por el secretario general, Luis Almagro, un panel de expertos jurídicos realiza actualmente un informe en el que dirá si existen indicios de que el Gobierno de Maduro esté cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Si concluyeran que los hay, la OEA no podría acudir a La Haya a denunciarlo como organización, pero sí cualquier país firmante del Estatuto de Roma, por el que nació la CPI. De los 34 miembros de la OEA, 28 lo son, incluida la propia Venezuela.
En las presiones sobre Maduro y su entorno político están también las rondas de sanciones por parte de Estados Unidos que alcanzan ya a más de medio centenar de altos funcionarios, incluido el propio mandatario. También Canadá y la Unión Europea (UE) han comenzado a aplicar sanciones. Y Washington no descarta un embargo petrolero.
La presión sobre Maduro llega además desde el Grupo de Lima, una iniciativa que se formó después de que fracasaran los intentos liderados por Estados Unidos y México en la OEA por condenar al presidente venezolano.
Por Sara Barderas