(dpa) – El Gobierno español acordó hoy recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la candidatura del independentista Carles Puigdemont como candidato a gobernar Cataluña, abriendo así una nueva incógnita sobre la sesión de investidura que celebrará el próximo martes el Parlamento en Barcelona.
Madrid considera que tiene «argumentos legales suficientes» para «utilizar todos los instrumentos para evitar que Puigdemont pueda continuar con este desafío al Estado de derecho y a la legalidad», sostuvo la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
La propia «número dos» de Mariano Rajoy había adelantado el jueves la medida, aunque un informe adverso del máximo órgano consultivo del Gobierno puso en duda los planes de Madrid. El Consejo de Ministros, sin embargo, resolvió hoy seguir adelante y apelar al Constitucional.
Puigdemont lleva tres meses en Bruselas, a donde huyó tras ser destituido a fines de octubre, y tiene una orden de captura pendiente en España, lo que le impediría acudir personalmente a la sesión de investidura convocada para el martes 30 de enero y participar en el debate con el resto de grupos.
Madrid considera por eso que el estatus jurídico del ex jefe del Gobierno catalán es «incompatible» con su candidatura y se propone impugnar la medida ante el Constitucional. «Puigdemont primero tiene que rendir cuentas con la Justicia», dijo Sáenz de Santamaría. «No está en condiciones de ser presentado como candidato».
La suspensión de la candidatura de Puigdemont dejaría dos opciones al independentismo: o presentar otro candidato o desobedecer al máximo tribunal español. Un escenario que promete turbulencias y que recordó a muchos los días de máxima tensión por el plan de independencia unilateral e ilegal impulsado por Puigdemont el año pasado.
El nerviosismo se percibió ya en las reacciones al anuncio de Madrid el jueves. La plataforma Junts per Catalunya de Puigdemont habló de «golpe de Estado» y de «dictadura», mientras que el propio Puigdemont pidió la destitución de Sáenz de Santamaría. Las entidades independentistas Òmnium y ANC anunciaron movilizaciones de protesta.
La cuenta atrás a la formación del nuevo Gobierno en Cataluña sigue sumando así nuevas incógnitas cada día.
Ante la imposibilidad de regresar a España sin ser detenido, Puigdemont y su entorno especularon con una investidura telemática o a distancia, pero los propios letrados del Parlamento catalán rechazaron esa vía y el Gobierno de Rajoy adelantó que también la impugnaría ante el Constitucional.
Tampoco está claro cómo votarán los otros cuatro diputados que huyeron con Puigdemont a Bruselas y que también tienen órdenes de detención en España por los mismos delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación vinculados al plan soberanista.
Sin esos cinco votos, el bloque independentista perdería la mayoría absoluta en el Parlamento catalán y no podría elegir a Puigdemont o a otro candidato como nuevo presidente. Por eso, los soberanistas intentarán que los cinco huidos deleguen su voto en otro diputado, el segundo paso que quiere impugnar Madrid.