(dpa) – Dos años después de que una ola migratoria sin precedentes propiciase la entrada en Alemania de cerca de un millón de refugiados, las autoridades del país contabilizan cerca de 100.000 plazas libres en centros de acogida y albergues para peticionarios de asilo, reveló hoy un sondeo de la agencia dpa.

Después de verse desbordada por el continuo flujo de migrantes en 2015 y 2016 que obligaron a abrir en tiempo récord un gran número de alojamientos de emergencia, la potencia europea ha ido reduciendo en los últimos tiempos el número de plazas en centros colectivos donde se dio cobijo a los refugiados a su llegada.

De forma paralela, no obstante, los 16 estados federados alemanes acusan dificultades a la hora de ofrecer viviendas familiares a los solicitantes de asilo en zonas urbanas, en las que escasean los alquileres asequibles.

En ciudades como Berlín, donde existe una gran demanda inmobiliaria y los precios de la vivienda han aumentado de forma notable en el último lustro, se estima que unos 3.700 refugiados todavía residen en albergues colectivos que fueron habilitados en antiguos cuarteles militares o edificios administrativos.

Según datos recientes del Ministerio de Interior germano, hasta noviembre de 2017 se contabilizaron unas 207.000 peticiones de asilo, un 71 por ciento menos que en el mismo período del año anterior, cuando ascendieron a más de 723.000.

De acuerdo con la oficina de estadística de la UE (Eurostat), un 60 por ciento de todos los inmigrantes que llegan a la UE reciben asilo en Alemania, país en el que a mediados de 2015 entraron cerca de un millón de refugiados.

El flujo migratorio se desplomó después de que varios países europeos, entre ellos Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia, Hungría y Austria, cerraran sus fronteras, bloqueando la llamada ruta de los Balcanes que utilizaban los migrantes para desplazarse y dirigirse a países del norte europeo.

A la caída del número de refugiados que llegan a Alemania y a Europa también contribuyó la firma de un polémico pacto migratorio entre la Unión Europea y Turquía en marzo de 2016 que establecía la devolución al país euroasiático de todo aquel que llegara a Grecia ilegalmente si no se le concedía asilo.