Quito, 23 may (dpa) – El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cumple este jueves su primer año de Gobierno, con una gestión diametralmente opuesta a la de su antecesor y antiguo compañero de viaje, Rafael Correa.

Cuando Moreno asumió su mandato hace un año, tras derrotar en las elecciones por estrecho margen a su rival conservador, el banquero Guillermo Lasso, los ecuatorianos estaban dispuestos a vivir una segunda fase de la “revolución ciudadana”, como bautizó Correa a su década al frente del país.

Pero no fue así. El socialista Moreno tenía otros planes para su gestión, totalmente diferentes a los del Movimiento Alianza Pais (AP) que había llevado a los dos a ser presidente y vicepresidente del país, respectivamente, entre 2007 y 2013. De hecho, al cabo de 365 días, su Gobierno es considerado claramente de derecha.

La consolidación de su nueva política, en especial en lo económico, se manifestó con el nombramiento del empresario Richard Martínez al frente del ministerio de Economía, como dirigente del sector comercial e industrial del país cuyos integrantes fueron excluidos y nunca tuvieron diálogo con el Gobierno de Correa.

“Su nombramiento no solo engrosa el número de ministros empresarios, sino que ha definido, en forma clara, la nueva fase a la que entra el Gobierno del presidente Lenín Moreno”, señala el historiador Juan Paz y Miño, quien denomina la nueva etapa como un modelo de economía empresarial del siglo XXI, en contraste con el socialismo del siglo XXI que unificó a varios gobiernos de la región, liderados por la Venezuela del entonces presidente Hugo Chávez.

“El gobierno del presidente Lenín Moreno ha iniciado así otro ciclo histórico para el Ecuador, dejando atrás el que correspondió a la ‘Revolución Ciudadana’. Ya no forma parte de los Gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda que caracterizaron a la América Latina en los pasados lustros. No es más un referente latinoamericanista”, agrega Paz y Miño.

En el año transcurrido, Moreno se desembarazó del socialismo de su antecesor y abrió primero una fase de diálogos cara a cara con todos los sectores del país. Con los pedidos recogidos en esos contactos aplicó cambios a la Constitución proponiendo una consulta popular de siete preguntas en las que recibió el “sí” mayoritario en las urnas.

Una de las preguntas se refería a cambiar el modelo para renovar a las autoridades de control del país como superintendentes, fiscal, procurador y contralor, cambios que ya están en curso.

Y la polémica pregunta de suprimir la reelección indefinida del presidente de la República, cambio al que se oponía Correa para poder optar en lo sucesivo a ese cargo, fue también aprobada.

“Moreno salió airoso de la disputa surgida con Correa y de una sólida estructura de poder tejida durante 10 años de Gobierno. Se quitó de encima al ex presidente que no tiene posibilidades de poder reelegirse”, dijo a dpa el analista político Sebastián Mantilla.

Sus decisiones deterioraron la cohesión del movimiento oficialista, Alianza Pais (AP), el cual se partió en dos bandos; los “morenistas” y los “correistas”.

Pero, si bien están definidos el modelo de economía y los apoyos políticos, Moreno queda en deuda en cuanto a sus promesas de campaña.

Así, prometió generar 250.000 empleos anuales y construir 325.000 casas para los sectores con menos recursos. Sin embargo, ambos anuncios han tenido un mínimo avance en el primer año de gobierno, lo que hace presumir que los números ofrecidos serán inalcanzables hasta el 2021, cuando cumplirá sus cuatro años de mandato.

En lo social, Moreno, parapléjico desde los 30 años por un disparo que alcanzó su columna vertebral, puso las bases de una política de atención a la población vulnerable, denominada “Toda Una Vida”, programa con el que se atiende a los ciudadanos, desde que nacen hasta que mueren, en los ámbitos de salud, educación y asistencia.

En lo internacional, Moreno visitó Europa, a sus vecinos latinoamericanos y llego a estar en la mesa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ONU. Pero se alejó, en cambio, de los entes creados en la última década como la Unasur y Celac.

En su país, Moreno declaró “una cirugía mayor” a la corrupción en el país y apoyó las investigaciones sobre los sobornos dados por la multinacional brasileña Odebrecht a funcionarios ecuatorianos a cambio de favorecerla con contratos de obra pública.

Precisamente, su vicepresidente, Jorge Glas, fue condenado a prisión por recibir sobornos de Odebrecht y reemplazado en elección en la Asamblea por María Alejandra Vicuña, hasta completar su período.

Desde enero de 2018, Moreno afronta una ola de atentados y secuestros en la frontera con Colombia, atribuidos al disidente de las Farc alias “Guacho”, quien actuó, según las autoridades, en represalia a la lucha contra el narcotráfico emprendida por Ecuador en la zona.

En este contexto, cuatro militares perdieron la vida y tres periodistas fueron secuestrados y asesinados. También fue secuestrada una pareja, sin que se sepa nada de su suerte actualmente.

Horas antes de asistir a la presentación de su primer informe a la Nación en el Parlamento, Moreno envió a la Cámara un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que suprime la Superintendencia de Comunicación, un organismo controlador y sancionador de medios de comunicación. Con ello, el nuevo presidente abre una nueva etapa, de respeto y convivencia con la prensa.

Con todo, su popularidad bajó drásticamente. Según la encuestadora Cedatos, del 66 por ciento de aprobación pasó al 43 por ciento.

Por Ramiro Carrillo (dpa)